Las agencias fiscales cuentan con facultades amplias y sistemas de información avanzados para supervisar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y de seguridad social. Esta nota tiene como propósito desglosar los tres errores más frecuentes que el contribuyente comete y que el fisco detecta con facilidad.
Contenidos del post
1. Desfasaje entre acreditaciones bancarias y facturación de ventas
El primer error que un contribuyente puede cometer, y uno de los más rápidamente detectados por el fisco, es la falta de coherencia entre sus acreditaciones bancarias (y billeteras virtuales) y la facturación de ventas declarada.
Las agencias fiscales como ARCA (ex AFIP) y las provinciales (como AGIP en CABA o ARBA en Buenos Aires) tienen acceso directo a la información bancaria y de billeteras virtuales de cada contribuyente. Las facultades de fiscalización son amplias y abarcan la capacidad de requerir información a entidades financieras, solicitar la exhibición de libros y comprobantes, y realizar inspecciones en cualquier lugar donde se ejerzan actividades imponibles.
Si la suma de las acreditaciones es significativamente mayor que el total de la facturación fiscal, se está enviando una señal de alerta inmediata. Por ejemplo, si una empresa factura $1 millón, pero registra depósitos por $1.5 millones, el fisco presumirá que los $500,000 restantes corresponden a ventas no informadas.
El fisco cruza automáticamente la información. Si la facturación no coincide con los ingresos bancarios, la carga de la prueba recae sobre el contribuyente para demostrar el origen de esos fondos. Para justificar cualquier desajuste, es vital contar con la documentación adecuada, ya que el fisco tiene la facultad de solicitarla. Entre los documentos que se pueden requerir se incluyen contratos de compraventa de bienes, recibos de sueldo, comprobantes de haberes jubilatorios, constancias de monotributo, o un certificado de fondos emitido por un contador público. La ausencia de estos respaldos puede dar lugar a una investigación más profunda o a la emisión de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) a la Unidad de Información Financiera (UIF).
2. El uso de facturas apócrifas o de operaciones inexistentes
En la búsqueda por reducir la carga impositiva, el segundo error que puede cometer un contribuyente, y uno de los más graves, es la utilización de facturas apócrifas.
Es fundamental diferenciar entre una «factura inválida» y una «factura apócrifa». Un comprobante es inválido cuando presenta datos técnicos incorrectos, como un CUIT o un Código de Autorización Electrónico (CAE) que no existe. En cambio, una factura apócrifa es un documento que, aunque puede cumplir con todos los requisitos formales de ARCA, no respalda una operación económica real. Estas son facturas emitidas por proveedores que no existen o que no tienen la capacidad económica para realizar la operación que declaran. Y el fisco tiene un sistema para detectar estas prácticas y patrones sospechosos.
Las consecuencias tributarias de usar este tipo de comprobantes son la impugnación de los créditos y gastos declarados, lo que conduce a un ajuste de oficio en la declaración jurada, sumado a multas y los correspondientes intereses. Sin embargo, el riesgo va mucho más allá del ámbito administrativo. El uso de facturas apócrifas puede ser el fundamento inicial de una denuncia penal por evasión fiscal.
3. Falta de respaldo financiero para los pagos
El tercer error es no contar con el respaldo financiero de los pagos, ya que no basta con tener la factura para justificar un gasto. Declarar, por ejemplo, $200,000 a un proveedor sin registro de transferencia, cheque o medio electrónico hará que ARCA no lo reconozca. La trazabilidad del dinero es la principal prueba de que la operación tuvo «sustancia económica real», y el fisco revisará tanto al contribuyente como al proveedor.
Este punto se vincula con la Ley 25.345, o «Ley Antievasión», que exige que los pagos superiores a $10,000 se realicen por medios bancarizados para tener validez fiscal. Si se paga en efectivo, ese gasto no será computable como deducción ni como crédito fiscal.
En la fiscalización, el cruce de información es clave: la autoridad no solo verificará la factura, sino también que el proveedor haya declarado el ingreso y que el pago coincida con los registros bancarios. Un gasto sin transferencia, cheque o tarjeta es, a los ojos del fisco, inexistente, lo que permite rechazar la deducción y ajustar la base imponible.
Para cualquier operación, el contribuyente debe asegurarse de que el pago esté debidamente documentado y que coincida con sus registros contables y con los de su proveedor. La trazabilidad es la mejor defensa.
Conclusión
La fiscalización digital ha dotado a organismos como ARCA de herramientas capaces de detectar con rapidez inconsistencias en acreditaciones, facturación y pagos. Estos errores, lejos de ser casos aislados, forman parte de una cadena de riesgos que puede rastrearse con facilidad.
La mejor estrategia para evitarlos es la prevención: llevar una contabilidad ordenada y actualizada, respaldar cada gasto con su comprobante y mantener la coherencia en todas las operaciones.
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